Decenas de altos funcionarios de Vizcaya deberán pasar por un concurso para mantener su cargo

La última sentencia del Supremo sobre la política de personal de la Diputación de Vizcaya dará un vuelco a la situación de decenas de altos funcionarios. La mayoría de los jefes de servicio, que hasta ahora se elegían por libre designación entre los profesionales que alcanzan el nivel exigido, tendrá que presentarse a un concurso de méritos para intentar revalidar su puesto, en cumplimiento del mandato de los tribunales. La institución foral ya ha enviado circulares a los departamentos para que valoren cuáles son las jefaturas que, por su 'especial responsabilidad', podrán seguir cubriéndose con cargos de confianza.

Este concepto juega un papel clave en la larga batalla judicial -desde los años noventa- que han suscitado las resoluciones forales en materia de personal. Las jefaturas de servicio, el puesto más alto reservado a los funcionarios de carrera, se han cubierto de forma sistemática por libre designación, un procedimiento que los jueces sólo aceptan en casos 'excepcionales' y debidamente justificados. Este criterio ha sido asumido por el Gobierno foral tras encajar, en el plazo de unos meses, dos varapalos del Supremo.

Esta instancia judicial ha confirmado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anularon parcialmente las relaciones de puestos de trabajo de los años 1993 y 2000, y ha impuesto las costas del recurso de casación a la Diputación. La más reciente es especialmente significativa, ya que afecta a 78 jefes de servicio y otros veinte altos cargos, entre ellos los letrados de la asesoría jurídica. El acuerdo sobre la organización de la plantilla foral se plasmó en una convocatoria en la que 'salieron 66 puestos de libre designación', explica el director de Función Pública, César González de Heredia. Entre ellos, 'sólo cinco han sido directamente recurridos'.

En cualquier caso, el alcance de las resoluciones judiciales va más allá. La mayor parte de los más de 80 jefes de servicio actuales y los letrados de la asesoría jurídica que se encargan de la defensa en juicio, en torno a una decena, tendrán que competir por su puesto con otros funcionarios de los niveles más altos de la Administración. 'El recorrido judicial se ha acabado y las sentencias hay que cumplirlas', aseguró ayer el diputado de Administración Pública, Patxi Sierra Sesumaga. El diputado general, José Luis Bilbao, recordó lo 'antiguo' que es este conflicto, sin hacer más declaraciones.

El Gobierno foral deberá elaborar una nueva relación de puestos de trabajo que defina, con argumentos concretos, cuáles son las jefaturas que merecen cubrirse por libre designación. Todavía no se han establecido los criterios que sustentarán esa 'especial responsabilidad' de los cargos de confianza, pero se espera que el proceso concluya en el plazo de un año. A partir de ese momento, se convocarán los concursos de méritos correspondientes.

De esta forma se espera cerrar una etapa de conflictos judiciales, planteados por los propios funcionarios que se sentían agraviados, que no deja indiferente a casi nadie. Ayer se sucedieron las reacciones de partidos y sindicatos de distinto signo que, sin embargo, coincidieron en lo fundamental. 'Es un logro importantísimo para la defensa de la Función Pública', se felicitó Luis María Martínez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Joseba Urquijo, delegado de LAB en la Junta de Personal, apuntó que 'en otras instituciones, como el Ayuntamiento de Bilbao, se abusa todavía más de la libre designación'. Los portavoces de PSE y PP en las Juntas lamentaron que el litigio 'haya estado tanto tiempo enquistado'.