El Consejo General del Poder Judicial y la dirección general del catastro suscriben un convenio que agilizará el funcionamiento de la justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la dirección general del catastro del Ministerio de Economía y Hacienda han suscrito un convenio por el que los juzgados y tribunales podrán acceder en tiempo real a la base de datos nacional del catastro, la cual contiene los datos de más de 74 millones de inmuebles inscritos. Con esto se contribuirá a agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia en toda España.

La rúbrica de este acuerdo se enmarca en la política de modernización y de colaboración con otras instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, impulsada desde el comienzo de su mandato por este consejo.

Gracias a esta colaboración, los jueces y magistrados españoles accederán a la información a través del punto neutro judicial, nodo informático de acceso a las diferentes administraciones y de la oficina virtual del catastro en un tiempo muy reducido. Lo que antes se tardaba semanas o meses ahora se conseguirá en horas.

El Consejo General del Poder Judicial incluirá dentro de los servicios de su infraestructura de interconexión de las redes judiciales territoriales la canalización de comunicaciones electrónicas de datos entre los juzgados y tribunales y la dirección general del catastro; así, se obtendrá un importante ahorro de tiempo y dinero tanto para los órganos jurisdiccionales como para la administración catastral y para los ciudadanos que necesiten aportar certificados catastrales a los procedimientos judiciales, que desde ahora podrán incorporarse a dichos procedimientos de forma inmediata y gratuita.

La oficina virtual del catastro (OVC) es una apuesta estratégica de administración electrónica del Ministerio de Economía y Hacienda que se basa en el uso intensivo de Internet y que permite a los ciudadanos, profesionales y administraciones públicas acceder de manera libre, gratuita y permanente a la representación cartográfica de los inmuebles y a la información literal no protegida, como la referencia catastral, la superficie, el uso y la antigüedad. Por otra parte, la OVC permite el acceso a los datos catastrales de carácter protegidos (titulares y valores), no sólo a quienes ostenten la titularidad de los bienes sino, además, a los diferentes órganos constitucionales y a las administraciones públicas para el ejercicio de sus competencias.