El Consell de Educación de la Comunidad Valenciana pagará más de un millón de euros por amañar un traslado de inspectores docentes

El Consell tendrá que pagar más de un millón de euros a 26 inspectores de Educación de Alicante y Valencia a quienes cesó indebidamente de su cargo hace diez años, tal y como ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia Valenciana (TSJ) sin que quepa ya recurso alguno contra este fallo.

La Conselleria de Educación, en manos del PP, amañó en 1996 la publicación oficial de las fechas de un concurso de traslados (envió tarde la convocatoria alBOE) entre el cuerpo de inspectores como fruto de unas oposiciones que ya habían superado estos profesionales diez años antes, en 1986. Al modificar las fechas, la Administración logró impedir que uno de los inspectores, que tenía afinidad con el PSOE y entonces residía en Galicia, pudiera acceder a las plazas que se ofertaban en Alicante porque no llegó a tiempo.

Esta revancha en clave política llevó al perjudicado a presentar el correspondiente recurso contra el acto administrativo de la convocatoria que se había sido publicada en el BOE, alegando que se vio imposibilitado de ejercer su derecho a escoger una plaza de inspección en la provincia.

La sentencia fallada en 1996 a que dio lugar aquel recurso anulaba tanto la convocatoria del concurso de traslados para los inspectores como las oposiciones previas por las que diez años antes, en 1986, esos inspectores habían accedido a su cargo. De esta forma, y como consecuencia de un acto administrativo en el que nada tuvieron

Se vieron perjudicados 56 inspectores en la Comunidad Valenciana que desde aquel año 96, y a pesar de que ya llevaban diez años ejerciendo como tales, dejaron de ocupar sus puestos y se vieron obligados a descender en el escalafón debiendo volver a su anterior puesto como maestros y profesores.

Naturalmente todos ellos recurrieron la actuación de la Conselleria de Educación y la sentencia que se ha hecho firme ahora condena a la Generalitat Valenciana a pagar alrededor de 1.154.000 euros en total. A seis de ellos, de Alicante, les corresponden 9.000 euros a cada uno por daños morales y a otros veinte de Valencia, entre 50.000 y 60.000 euros como indemnización, también por persona, por el dinero que han dejado de cobrar de más durante todo este tiempo al descender de categoría laboral. Son sentencias distintas en función de la estrategia de cada abogado, pero siempre contrarias a los postulados del Consell.