El juzgado de Teruel anula una convocatoria de la Diputación para contratar 12 bomberos

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) deberá anular una convocatoria de empleo para cubrir 12 plazas de bomberos conductores ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel que considera que las bases para el concurso-oposición no respetan el principio de igualdad para los aspirantes. El fallo ha sido recurrido por la Diputación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La sentencia, dictada a raíz de un recurso contra la convocatoria de empleo formulado por un aspirante, estima que las condiciones fijadas en el concurso-oposición "no se ajustan a derecho". Entre los reproches del Juzgado, figuran la excesiva puntuación que, a su juicio, reciben los aspirantes que ya forman parte de la plantilla de la Diputación como contratados temporales o la "desproporción" entre la puntuación correspondiente al concurso -que considera demasiado alta- y la de la oposición. En estas condiciones, el fallo considera "imposible que candidatos ajenos a la Diputación Provincial de Teruel puedan conseguir alguna de las plazas convocadas", que están ocupadas por personal temporal.

La oferta de plazas de bomberos se enmarca en el proceso de "consolidación de empleo" destinado a estabilizar la plantilla de la Diputación con la transformación de puestos de trabajo temporales en indefinidos.

Los sindicatos consideran que si la sentencia de primera instancia es ratificada por el TSJA, además de la convocatoria para la plantilla de extinción de incendios, la Diputación debería revisar las ofertas para otros empleos, porque "las bases son idénticas", según indicó ayer un sindicalista. En total, se podrían ver afectadas las convocatorias para cubrir 21 plazas de funcionario. La misma fuente añadió que el conflicto judicial generado por la "consolidación de empleo" es una secuela de la política de personal poco transparente y clientelista que arrastra la Diputación de anteriores corporaciones.

El presidente de la DPT, el socialista Antonio Arrufat, explicó que las bases para la "consolidación de empleo" se aprobaron "por unanimidad" en la Junta de Personal de la institución, donde están representados políticos y sindicatos. Arrufat admitió, no obstante, que, si el TSJA ratifica el fallo de primera instancia, la Diputación "adaptará las bases de la convocatoria a los criterios marcados por los tribunales".

El presidente no cree que el conflicto generado por las plazas de bombero afecte al resto de empleos destinados a funcionarios que se encuentran pendientes de concursos-oposición. Recordó que el proceso cuenta con la unanimidad de todos los partidos.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo dice a la Diputación que el proceso de "consolidación de empleo temporal" es una solución "excepcional" a la que la institución no podrá volver a recurrir. La sentencia achaca la acumulación de puestos de funcionario cubiertos con contratados temporales a que entre 2001 y 2005 la institución provincial no ha realizado las ofertas de empleo público que hubieran permitido cubrir las plazas "por el sistema ordinario y no por el especial de la consolidación". El Juzgado señala que las plazas vacantes de funcionario deben ser cubiertas "con funcionarios interinos y no mediante la contratación de personal temporal laboral", la práctica que ha seguido la DPT.