El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no cierra el conflicto de las oposiciones de Infantil

El proceso de resolución tras la suspensión de las oposiciones al cuerpo de maestros de la especialidad de Infantil aún seguirá abierto, a pesar de los recientes autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en los que estima la petición de varios grupos de afectados de suspender algunos de los puntos de la Resolución de 24 de agosto de la Consejería de Educación, en la que se suspendían las pruebas.

Según entiende el decano del Colegio de Abogados de Tenerife y experto en derecho administrativo, Víctor Medina, "no supone variación sustancial alguna" al proceso que se encuentra abierto, a la espera de una resolución definitiva tras la propuesta de resolución de estimar los recursos de alzada presentados contra el procedimiento selectivo.

A pesar de que el colectivo de afectados, aglutinados en la Asociación 275 aprobados con plaza, entendiera que el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC implicara la "paralización de las intenciones de la Consejería de Educación hasta que el Tribunal dictamine sobre todo el caso"; Víctor Medina considera que será cuando se resuelvan los recursos de alzada por parte de la Administración educativa "cuando se sepa el carácter de la retroacción que puede llevarse a cabo"; es decir, que el auto judicial "sienta algo que realmente ya existía, la espera a la resolución definitiva de los recursos de alzada".

Tras l, el colectivo de afectados con plaza inició su particular batalla por mantener sus puestos de trabajo. Así, al margen de movilizaciones y protestas, los afectados plantearon ante los juzgados varios recursos contenciosos administrativo contra la Resolución de 24 de agosto y que recientemente han sido objeto de suspensión cautelar por la sala judicial competente.

En concreto, en dos autos el TSJC notifica que "ha lugar suspender la ejecución del acto administrativo impugnado en los puntos segundo y tercero de su parte dispositiva", referidos a la retroacción a la fase de oposición de las actuaciones ya desarrolladas en lo referente a tal procedimiento selectivo y el anuncio de que mediante posterior resolución, aún por fijar, se determinarán las condiciones y el momento del procedimiento selectivo a partir del cual dichas actuaciones deberán nuevamente cursarse.

Esta situación implica, según el decano del Colegio de Abogados, que una vez que se resuelvan los recursos de alzada interpuestos, la Administración podrá dictar la resolución correspondiente y "será entonces cuando se podrá establecer la retroacción a la que alude el segundo punto de la Resolución y que ha estimado el TSJC". Además, el abogado sostiene que "no parece lógico que la Administración vaya a desestimar los recursos de alzada, pues si tuvo datos patentes para adoptar medidas cautelares como suspender el proceso selectivo, parece lógico pensar que existen esos mismos motivos para estimar siquiera parcialmente alguno o algunos de los recursos de alzada interpuestos".

Sea cual sea el dictamen final de la Consejería de Educación en ese sentido, "lo que sí parece evidente a la luz de todo el proceso es que se tardarán muchos años antes de que finalice todo el proceso", augura Víctor Medina, quien aventura además que "cualquiera que sea la solución que se adopte, se generará la posibilidad de solicitar indemnizaciones por parte de unos o de otros", en relación bien a los docentes con plaza y actualmente desarrollando su labor profesional en los destinos que les impuso Educación (cuyos abogados ya estudian la posibilidad de presentar nuevos recursos judiciales); como a aquellos profesores que en su día reclamaron ante supuestas irregularidades en las pruebas.

La Asociación 275 aprobados con plaza en las oposiciones de Infantil lleva reiterando desde la suspensión del procedimiento selectivo que suponen el colectivo más afectado por la medida de la Administración y exigiendo que se respeten las plazas que han logrado "de manera justa". Es por ello que presentaron los recursos correspondientes ante justicia, que se han resuelto al menos con la estimación por parte del Tribunal. Este hecho implica para el colectivo un paso adelante dentro de su lucha particular, al entender que "ahora la Consejería de Educación no podrá repetir las pruebas tal y como pretendía". Al margen de que el decano del Colegio de Abogados de Tenerife no comparta del todo esta interpretación, lo cierto es que los autos judiciales han supuesto una inyección de moral para los 275 aprobados, que aprovechan la ocasión para insistir en su petición de reunión con la consejera de Educación, Milagros Luis Brito, "que aún no se ha sentado con nosotros", explica el portavoz de la Asociación, Domingo Adrián.

El docente recuerda que Luis Brito había asegurado que "la situación estaría resuelta en diciembre, pero aún no sabemos nada", por lo que "seguiremos adelante con nuestras reivindicaciones". "Los abogados están esperanzados tras ver los expedientes de las pruebas, porque han visto muchas cosas que no esperaban y que justifican aún más nuestra posición", añadió Domingo Adrián. Precisamente, los abogados siguen estudiando la posibilidad de presentar más recursos, "después de comprobar que hay cosas raras dentro de todo el expediente y que no todo está tan claro como lo vendía la Administración". Además, Adrián reiteró las quejas del colectivo al que representa por estar "abandonados" por parte de los sindicatos de enseñanza, y aludió a posibles "tramas de alguno de ellos que pretende bajar la moral a los profesores, diciendo que no conseguirán nada".