España se sitúa entre los países de cabeza de la Unión Europea en materia de administración electrónica

España se ha situado entre los diez primeros países de la Unión Europea en el desarrollo de la administración electrónica según el estudio hecho público por la Comisión Europea en la Cumbre Ministerial del sector que tiene lugar en Lisboa.

El estudio establece dos indicadores que permiten medir el avance de cada país europeo en todo lo relacionado con el acceso a los servicios públicos a través de Internet. Estos indicadores son la disponibilidad de servicios públicos online y su grado de accesibilidad.

Así, el nivel de disponibilidad de los servicios públicos online de España se ha situado en un 70%, 15 puntos porcentuales más que en 2006 y 12 puntos por encima de la media europea, que está en el 58%. Este resultado sitúa a España en el número 9 del ranking europeo, formado por 31 países, por delante de Estados como Finlandia, Dinamarca, Holanda o Bélgica.

En cuanto al grado de sofisticación y accesibilidad, España ha registrado una puntuación de 84 sobre 100, 12 puntos por encima de la media de la UE (76). Esta calificación hace que nuestro país se sitúe en décima posición en el ranking de este indicador.

El estudio, que se publica con carácter anual, muestra cómo España recoge los frutos del esfuerzo realizados en los últimos doce meses, con importantes avances en todo lo relacionado con el acceso a los servicios públicos a través de Internet.

De hecho, el propio estudio afirma que los resultados experimentados “son producto de la voluntad política de España por mejorar los servicios públicos online, garantizando las inversiones necesarias y supervisando su avance”.

Entre estas iniciativas destacan la aprobación en el mes de junio de la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas; la renovación del portal 060, que da acceso directo a los más de 300 servicios públicos que la Administración General del Estado presta a través de Internet, o las medidas orientadas a la supresión de la obligación de que los ciudadanos presenten fotocopias de sus documentos personales a la hora de realizar trámites.