Las personas sordas dispondrán de intérpretes para realizar las pruebas de acceso a la administración de Madrid

La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Madrileño de Función Pública (IMAP), garantizará la asistencia de un intérprete de la lengua de signos a todas las personas sordas que participen en alguno de los procesos selectivos de ingreso a la administración regional. Así ha quedado establecido a través del protocolo de colaboración suscrito entre el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada y la presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (FESORCAM), Rosa Marta González. Se trata de un acuerdo a través del que se pretenden sentar las bases de un futuro convenio de colaboración con el que se regulen la relación de estas dos instituciones en materia de formación en el lenguaje de signos de los empleados públicos madrileños durante esta legislatura.

A esta labor en favor de la integración de las personas sordas puesta en marcha por el ejecutivo regional madrileño hay que añadir dos novedades más. Por una parte, la instalación de sistemas de videocomunicaciones en las oficinas de atención al ciudadano para mejorar la atención y el servicio prestado por la administración pública y que permitirá que a través de una webcam una persona del FESORCAM realice para la Comunidad de Madrid una traducción que facilite la atención a estas personas de forma simultánea.

Estas actividades amplían las desarrolladas ya en año anteriores a través del Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP) encaminadas a acercar el funcionamiento ordinario de la administración madrileña a las personas con discapacidad y que pasaba por impartir a todos los empleados públicos formación de la lengua de signos.

Además, y en virtud de este protocolo, la Comunidad de Madrid y FESORCAM se comprometen a promocionar acciones de sensibilización entre los empleados públicos que les permita conocer las características de las personas sordas, así como a proporcionar a los intérpretes la formación necesaria para un adecuado conocimiento del lenguaje jurídico y específico de los distintos ámbitos de la administración pública.