Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
La ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos establece el derecho de todos los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizarlo. Esta ley se convierte en un punto de partida de una nueva generación de derechos de los ciudadanos, los derechos digitales, y sitúa a España en la cabeza mundial en esta normativa que actualmente sólo tienen Estados Unidos e Italia. Asimismo, aprovecha los avances tecnológicos para reconocer nuevos derechos y para lograr una administración más ágil, eficaz y más sencilla
La ley tendrá que estar plenamente operativa a partir de 2009. Los ciudadanos tendrán garantizado poder realizar todas sus gestiones por medios electrónicos, independientemente de la administración a la que competan, a través del canal que quieran, las 24 horas del día los 365 días del año. Desde ese momento serán ellos los que tomen el mando en su relación con las administraciones.
La Ley beneficiará a los ciudadanos ya que ahorrarán tiempo y dinero en sus gestiones. En este sentido, la Administración General del Estado prevé invertir 1.900 millones para desarrollar nuevo servicios electrónicos a partir de 2008. Según cálculos de los expertos, la nueva norma contribuirá al crecimiento de la economía en más de un punto del PIB en los próximos años.
La nueva norma establece una serie de derechos enfocados a hacer la vida más fácil a los ciudadanos: realizar las gestiones y los trámites desde donde los ciudadanos quieran, cuando quieran y a través del canal que deseen; acceder a todos los servicios públicos de forma electrónica; no tener que presentar la misma documentación en más de un sitio, con uno será suficiente; no será necesario aportar datos o documentación que esté en poder de las administraciones; enviar documentación en soportes electrónicos; evitarán las colas y los retrasos; utilizar medios electrónicos para obtener información, realizar consultas, manifestar consentimientos, efectuar pagos, realizar transacciones, reclamar, etc.; conocer por vía telemática el estado de tramitación de los procedimientos en los que estén involucrados; obtener los medios de identificación necesarios; relacionarse con las administraciones con la aplicación y el sistema que escojan.
Además, la ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos establece un importante esfuerzo en la modernización de las administraciones públicas:
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