Los organismos oficiales ocultan a los ciudadanos información pública

El Gobierno se ha comprometido a promover una ley que garantice "el mayor acceso posible a la información pública". A día de hoy el 78% de las solicitudes reciben respuestas negativas.

Actualmente, es imposible conocer el gasto que se hace en las arcas públicas en visitas y encuentros, conocer las listas de espera en hospitales, contratos inmobiliarios de las fundaciones que reciben subvenciones, el número de personas expulsadas en territorio español, el porcentaje de soldados que han sufrido accidentes en Irak, los kilómetros de carril bici en Madrid o cómo se reparte el dinero que recauda la SGAE. Y así, millones de datos que maneja la Administración que el ciudadano debería conocer, ya que el libre acceso a la información se plantea como un derecho fundamental, que además debe ser rápido, sencillo y gratuito.

78 países en todo el mundo, entre ellos países como México y Guatemala, cuentan con una ley de libre acceso a la información y el Consejo de Europa planea una convención en 2009 para aprobar el primer tratado internacional dedicado a este derecho.

Aunque Zapatero anunció su regulación hace apenas tres semanas, no es la primera vez que la ley de transparencia sale a escena. Aparecía ya en el programa electoral de los socialistas en 2004 y 2008, promesa que fue incumplida.

Actualmente, existe una organización que aboga por la transparencia informativa en el Viejo Continente y contribuye a su desarrollo a escala mundial, Access Info Europe. La entidad -que forma parte junto a otra veintena de la Coalición Pro Acceso- recoge las quejas de los ciudadanos ante el cerrojazo de la Administración en Cuando lo público no es público, documento que refleja una serie de casos en los que la autoridad competente ha mirado hacia otro lado.

España es de los pocos países de europeos que no posee una ley que regule el derecho de acceso de los ciudadanos a datos y archivos oficiales. Sólo Grecia, Luxemburgo y Chipre están en la misma situación. Esperemos que en esta legislatura se solucione un problema que afecta tan de lleno a la transparencia de la administración y de los funcionarios y se apruebe esta ley para regular un derecho fundamental del ciudadano.