Primeros expedientes a los funcionarios de justicia por no cumplir los servicios mínimos. Revolución en Justicia

Como todo el país sabe, los funcionarios de justicia llevan en huelga desde el pasado 4 de febrero. Cada día se producen noticias de uno u otro lado. Un día se encierran en La Almudena, otro día sabemos que no sé cuantos procesos judiciales están parados, que no se cumplen los servicios mínimos… Los funcionarios de justicia están en plena revolución.

El debate esta servido. ¿Los funcionarios tienen derecho a huelga? Evidentemente, sí, es un derecho constitucional pero también es un derecho de la constitución la tutela judicial efectiva. Y ahora, ¿qué hacemos?

La verdad que el tema es complicado, muy complicado. Todo ciudadano tiene derecho a reclamar unas mejores condiciones salariales (eso es lo que están reclamando los funcionarios de Justicia) y para ello utilizar todos los recursos legales a su alcance. El que más presión ejerce es la huelga, sin duda.

La ley marca que para solventar el problema del derecho del usuario están los servicios mínimos. Pero ¿Quién establece esos servicios mínimos? Son la clave para saber si la huelga es efectiva o no. En muchas ocasiones, los servicios mínimos son tan elevados que la huelga es casi imperceptible y de ahí que los trabajadores se vean en la obligación de no cumplirlos si es que quieren conseguir algo en la negociación.

Pero claro, cuando hablamos de pilares básicos de una sociedad como pueden ser sanidad y justicia vienen los problemas. ¿Es justo que la sociedad se vea involucrada? Justo y necesario, creemos. La sociedad es el elemento más fuerte para hacer presión. Si nos vemos afectados por una huelga, puede que nos interesemos que ocurre, quien tiene razón. La sociedad tomará parte por lo que crea más justo y pedirá responsabilidades.

En el caso de la huelga de justicia, la sociedad está por hablar. ¿Son justas las razones de los funcionarios? O tal vez, el Ministerio de Justicia sea el más coherente y las subidas que piden los funcionarios sean desproporcionadas. La oferta de Justicia contempla un aumento de 110 euros por funcionario y mes, con efectos desde el 1 de enero de 2008, que se incrementaría hasta los 180 euros a partir de abril de 2009; mientras que los funcionarios reclaman una subida de 200 euros mensuales.

Hoy, se ha sabido que el Ministerio ha abierto los primeros expedientes disciplinarios por incumplir los servicios mínimos. El martes 25 el Ministro ha convocado una reunión con los secretarios de gobierno de los órganos centrales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Consejo General del Poder Judicial) y de los Tribunales Superiores de Justicia afectados (siete en total) para estudiar las medidas a adoptar por el incumplimiento de estos servicios mínimos.

¿Qué ocurrirá en los próximos días? Todo un misterio. No se sabe cuales serán los próximos pasos de los funcionarios. Lo que sí esta claro es que estamos en un momento histórico. Justicia se revoluciona y el veredicto es confuso. ¿Quién dice que es justo o no si la Justicia está en huelga?