Protesta de los 275 opositores aprobados a maestro de educación infantil

Los 275 aprobados en las oposiciones a maestros de Educación Infantil celebradas el pasado año han recibido con indignación la decisión del Gobierno Canario de obligar a buena parte de ellos a repetir las pruebas orales.

Estos jóvenes llevaban todo un año esperando por una decisión de la Consejería que resolviera el problema, pero cuando finalmente ha llegado se han encontrado con que deja las cosas en una situación prácticamente idéntica a la de octubre de 2007, cuando una resolución gubernamental establecía la necesidad de volver a realizar las exposiciones orales de las unidades didácticas. Por ello, creen que Educación los ha utilizado "para salvar el curso", pues posibilitó su incorporación a las plazas ganadas en el proceso selectivo, pero ahora pone en peligro su continuidad en ellas.

"Quiero mi plaza", "Porque ya lo demostré", "Porque no vamos a pagar justos por pecadores" eran algunos de los lemas de las pancartas que portaban estos maestros en Santa Cruz de Tenerife, mientras a la misma hora algunos de sus compañeros también manifestaban su descontento frente a la sede de la Consejería en Las Palmas. Las concentraciones habían sido convocadas antes de difundirse la resolución del Gobierno que, de hecho, es desconocida aún por los propios afectados.

"No entendemos que se haya hecho llegar primero a los medios de comunicación y no a nosotros", se quejaba ayer un representante del colectivo. La asociación que agrupa a estas 275 personas y sus abogados decidirán qué actuaciones concretas emprenderán contra lo dispuesto en la resolución cuando sea oficial, tras su publicación en el BOC. La decisión adoptada por Educación supone el fin de la vía administrativa, por lo que el único camino que queda a los afectados es recurrir a los juzgados. De cualquier manera, lo que sí tienen claro es que no repetirán los exámenes, como comentó ayer en Las Palmas María del Rosario Ruano, presidenta de la asociación en la provincia oriental.

En este sentido, Antonio Antuña, de FETE-UGT, sospechaba ayer que, con esta resolución, la Consejería pretende buscar una "salida fácil" al problema, dado que los tribunales podrían decretar la suspensión cautelar del proceso, lo que supondría mantenerlo en los juzgados "durante años".

El sindicalista lamenta que el Ejecutivo autónomo "haya esperado un año para decir lo mismo que al principio", al tiempo que llama la atención sobre la situación de "estrés insoportable" que están sufriendo los miembros del colectivo debido al "bombardeo de informaciones tergiversadas, mentiras y medias verdades" que han recibido durante los últimos doce meses.

Cabe recordar que la mesa sectorial de Educación acordó recientemente garantizar la continuidad en sus plazas de estas 275 personas "solamente" durante el próximo curso escolar y hasta que se resuelva el proceso de una manera definitiva.