¿Qué es un funcionario interino?

Qué es un Funcionario Interino

Cuando pensamos en la administración pública, lo primero que nos viene a la mente son los funcionarios de carrera, esas personas que, tras superar una oposición, garantizan la estabilidad y continuidad del servicio público. Sin embargo, hay otra figura que, aunque menos visible, resulta esencial: los funcionarios interinos.

Estos profesionales ocupan un espacio complejo dentro de las administraciones. Su papel es cubrir necesidades urgentes y temporales, asegurando que el engranaje del sistema no se detenga.

Funcionarios Interinos: Concepto, Características y Regulación

Los funcionarios interinos son empleados públicos que, de manera temporal, ocupan puestos en la Administración Pública para desempeñar funciones propias de los funcionarios de carrera. Este tipo de relación laboral está regulada en España por el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y por normativas específicas de cada comunidad autónoma.

¿Cuándo se nombran funcionarios interinos?

La Administración puede recurrir al nombramiento de funcionarios interinos en los siguientes supuestos:

1. Existencia de vacantes: Cuando haya puestos vacantes que no puedan ser cubiertos por funcionarios de carrera y sea necesario garantizar el funcionamiento de los servicios.
2. Sustituciones temporales: Para reemplazar temporalmente a titulares que se encuentren de baja, en excedencia u otra situación que implique ausencia temporal.
3. Ejecución de programas temporales: Cuando sea necesario llevar a cabo proyectos o programas de carácter temporal y específico.
4. Exceso o acumulación de tareas: En caso de necesidades urgentes por acumulación de tareas que no puedan ser atendidas por los medios ordinarios.

Características principales

1. Temporalidad: Su relación con la Administración es limitada en el tiempo y cesa cuando desaparece la causa que motivó su nombramiento.
2. Selección mediante principios de igualdad, mérito y capacidad: Aunque los procedimientos de selección suelen ser más ágiles que los de los funcionarios de carrera, deben respetar estos principios fundamentales.
3. Derechos y deberes: Tienen derechos y obligaciones similares a los funcionarios de carrera, aunque con algunas diferencias en aspectos como la estabilidad en el empleo.
4. Cese: El nombramiento puede extinguirse por razones como la incorporación de un funcionario de carrera, la finalización del programa temporal o la desaparición de la necesidad que justificó su nombramiento.

Derechos de los funcionarios interinos

Los funcionarios interinos tienen derecho a:

• Percibir las retribuciones correspondientes al puesto desempeñado.
• Disfrutar de permisos, licencias y vacaciones en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera.
• Acceder a la formación profesional para el desarrollo de su actividad.

Limitaciones y diferencias respecto a los funcionarios de carrera

• Estabilidad: No cuentan con estabilidad en el empleo.
• Promoción interna: No tienen derecho a participar en procesos de promoción interna.
• Consolidación: En general, no consolidan derechos en el puesto que ocupan, salvo en procesos específicos de estabilización.

Desafíos y críticas

El uso de funcionarios interinos ha sido objeto de críticas debido a:

• Abuso de la temporalidad: En algunos casos, se ha recurrido excesivamente a interinos para cubrir necesidades permanentes, lo que ha generado inseguridad laboral.
• Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): En varias ocasiones, el TJUE ha instado a España a limitar el abuso de los nombramientos temporales en la Administración Pública.

Medidas recientes

En los últimos años, se han adoptado medidas para reducir la temporalidad en el sector público, como la aprobación de procesos de estabilización que permiten a los funcionarios interinos acceder a plazas de manera definitiva mediante concursos-oposición.

Conclusión

Los funcionarios interinos desempeñan un papel fundamental en el correcto funcionamiento de la Administración Pública, garantizando la continuidad de los servicios en situaciones excepcionales. No obstante, su situación requiere un equilibrio entre la flexibilidad necesaria para cubrir necesidades temporales y el respeto a sus derechos laborales, evitando situaciones de precariedad o abuso en su contratación.