Se duplica el presupuesto de las becas y ayudas económicas para preparar las oposiciones a juez y fiscal

El Ministerio de Justicia, a través del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), continúa desarrollando, por segundo año consecutivo, el programa de ayudas destinadas a fomentar la preparación de candidatos a las carreras judicial y fiscal. El presupuesto para este año destinado a las becas y financiación de intereses de préstamos asciende a 540.000 euros, cifra que duplica la partida destinada en 2006. En esta legislatura se han creado hasta 1.100 plazas de jueces y fiscales y que para 2008 está prevista la creación de 150 más.

Asimismo, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo desmintió que se vaya a suprimir el sistema de oposiciones. ”Entre 2000 y 2006 hemos perdido un tercio de candidatos. Si no se cubren las vacantes, hay que estudiar fórmulas para cubrir las plazas que quedan desiertas”, matizó.

De la dotación global, 450.000 euros se destinarán a financiar las becas, de 3.000 euros cada una al año, abonables directamente a cada beneficiario mediante transferencia bancaria. Dentro de estas 158 becas se incluyen las renovaciones, siempre y cuando los beneficiarios cumplan los requisitos para su renovación. La dotación para la financiación de intereses de préstamos, 90.000 euros, se destinará a financiar los intereses de los préstamos concedidos por la entidad colaboradora seleccionada por el CEJ.

Los créditos cofinanciados tienen un importe máximo de 10.000 euros anuales por persona. Su duración dependerá del crédito que suscriban el opositor y la entidad bancaria, con un período máximo de cuatro años de carencia y otros cuatro de amortización, lo que supone una duración máxima de ocho años en total. El Centro de Estudios Jurídicos correrá con los intereses pactados con la entidad. La opción propuesta por el CEJ hace compatible la petición y concesión de la beca con el crédito.

De esta forma, se garantiza que el acceso a las carreras judicial y fiscal se haga en condiciones de igualdad, valorando los méritos personales de cada solicitante; es decir, atendiendo a los mejores expedientes académicos, con el fin de que el coste económico de preparar las oposiciones no suponga una traba para ser juez o fiscal. La elección de los beneficiarios se realiza llevando a cabo su nivel de renta, número de miembros de la unidad familiar, el expediente académico y un certificado de idoneidad del preparador de las oposiciones.